Vamos a dar la batalla legal y también en las calles. No vamos a permitir que un Gobierno que llegó asegurando que iba a garantizar la reactivación productiva de la empresa ahora quiera venderla. Esta intimación es el paso previo a la judicialización si no retrotraen esta medida de manera urgente.

El presidente Milei no tiene facultades para disponer de cambios en la figura jurídica de la empresa. Ni siquiera puede ampararse en los poderes que oportunamente y de manera cómplice fueron delegados por el Congreso.

Este decreto no sólo vulnera el derecho adquirido y constitucional a la estabilidad que tienen los trabajadores, sino también que violenta el orden jurídico internacional y numerosas disposiciones de la OIT.

Además hay que comprender que lo que está en juego es la soberanía energética. Tiene que quedar claro que vamos a defender hasta las últimas consecuencias el carácter estatal de la empresa.